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EUTANASIA: A MÁS INFORMACIÓN, MÁS REPAROS

Fuente:

Aceprensa

De un apoyo del 72% a la legalización de la eutanasia se pasa sólo a un 35% después de recibir información.

La provincia de Québec lleva tiempo inmersa en una ola de debates sociales, muchas veces a raíz de distintas propuestas del gobierno: sobre la enseñanza de la religión en las aulas, los símbolos religiosos en edificios públicos, y recientemente sobre la eutanasia. En parte, estos movimientos obedecen a una estrategia de enfrentamiento con el gobierno federal –el partido gobernante en Québec promueve la independencia de esta región–, que ya le ha llevado a recibir algún que otro varapalo, incluso dentro de la propia provincia; por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo local declaró que no se podía imponer una asignatura de ética y valores religiosos a todos los colegios, incluso los confesionales, en tanto que esa asignatura tenía un claro sesgo de relativismo religioso y sustituía obligatoriamente a la clase de religión. (ver Aceprensa, 1-07-2010).

Ahora, la llamada ley 52 –aprobada ya por el pleno del Parlamento, y en fase de evaluación por parte del Comité de Salud y Servicios Sociales– también ha provocado un enfrentamiento con el gobierno central de Canadá, puesto que existe una ley federal que prohíbe expresamente la eutanasia y el suicidio asistido, recogidos como delitos en el Código Penal. Como en anteriores órdagos, el gobierno de Québec ha enarbolado el argumento del apoyo social al proyecto. Las encuestas realizadas hasta el momento efectivamente señalaban que más del 65% de la población de la provincia se mostraría favorable a la propuesta.

La opinión informada

Sin embargo, una encuesta reciente llevada a cabo por Abingdon Research señala una bajada a la mitad en el apoyo al proyecto de ley 52 –que pretende legalizar la eutanasia según el modelo belga–, una vez se explican a los encuestados algunas consecuencias de la llamada “pendiente resbaladiza” de la eutanasia, como los casos de abuso y negligencias ocurridos precisamente en Bélgica.

En concreto, del 72% que antes de ser informados en detalle sobre las posibles consecuencias eran favorables a la ley, se pasa a solo un 35% después. Crece, en cambio, el porcentaje de los que se oponen, pero sobre todo el de aquellos que piden que se estudien con más profundidad y rigor las posibles consecuencias de aprobarla. Por ejemplo, a un 82% les preocupa que el proyecto pueda provocar que jóvenes con tendencias suicidas reciban una suerte de espaldarazo legal.

Las comunidades científica y política de Canadá han ido por delante de la sociedad general en la defensa de la dignidad humana y en contra de la eutanasia. El Tribunal Supremo de Canadá reafirmó en 1993 que la prohibición del suicidio asistido era perfectamente constitucional, y en 2010 el parlamento nacional votó en contra de modificar la ley.

Por su parte, algunos estudios aparecidos en la revista Canadian Medical Association Journal en 2010 alertaron de las irregularidades con que se estaba aplicando la ley de eutanasia en Bélgica.

También dentro del sector de los cuidados paliativos ha habido una fuerte reacción contra la ley 52. Lo que se denuncia es que el gobierno ha preferido continuar con una propuesta ideológicamente muy marcada, en vez de escuchar las recomendaciones de los expertos.

Más cuidados paliativos

En un texto publicado originalmente en 2012 y actualizado en marzo de 2013, la Asociación Canadiense de Cuidados Paliativos recordaba algunas cifras que apoyan la idea de que lo que necesita la sociedad canadiense no es una ley de eutanasia, sino una mejor cobertura sanitaria para los enfermos terminales. Por ejemplo, apenas el 30% de los pacientes que hubieran necesitado cuidados paliativos los habían recibido. El texto recordaba además que una comisión del Congreso había recomendado en 2011 cambiar el modelo de financiación de estos servicios, que habitualmente imponía una carga demasiado pesada sobre las familias del enfermo, o dependía mucho de la filantropía.

Además de los pronunciamientos corporativos, algunos médicos han explicado cómo su experiencia personal les lleva a oponerse frontalmente a la ley. Es el caso de Gerald Van Gurp, holandés de nacimiento aunque trabaja en Canadá. En un artículo cuenta que en sus 30 años cuidando enfermos terminales apenas se ha encontrado casos en los que no se pudiera aliviar el dolor: “Una vez los enfermos encuentran un clima de apoyo por parte de médicos y enfermeras, ya no quieren la inyección letal”.

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